8 Sala Estar Medidas

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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Probidad (TSJ) de Venezuela advirtió que ejercerá las competencias correspondientes a la Asamblea Franquista (AN) de ese país, mientras ese víscera se mantenga en situación de “desacato”.

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“Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Franquista, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el víscera que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”, se lee en una sentencia emitida el miércoles.

La concurso venezolana, que controla la AN desde las elecciones de diciembre de 2015, respondió a la audacia con dureza y llegó a calificarla de “desgracia de Estado”, en palabras del diputado disidente Julio Borges, quien convocó manifestaciones.

“Es un desgracia de Estado y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus cultura: en Venezuela (el presidente) Nicolás Sensato dio un desgracia de Estado”, dijo Borges hablando en nombre de la directiva de la AN.

Mientras, Perú retiró a su embajador por considerar que hubo una “ruptura del orden tolerante” y otros países declararon su “profunda preocupación” por la situación en Venezuela.

El Ocupación de Relaciones Exteriores venezolano rechazó este viernes las declaraciones extranjeras y habló en un comunicado de una “histérica campaña contra Venezuela”.

Encima de recusar las críticas, el gobierno de Caracas sostuvo en el escrito que “ejercerá las acciones políticas y diplomáticas que brinda el Derecho Internacional y nuestro orden legal interno para detener y evitar la materialización de planes contra la estabilidad y la paz en Venezuela”.

Brasil, por ejemplo, emitió un comunicado, a través de su Ocupación de Relaciones Exteriores, en el que dice que las decisiones del TSJ “alimentan la radicalización política en el país”.

El secretario universal de la OEA, Luis Almagro, aseguró en un tuit que lo ocurrido es un “automóvil desgracia” y pidió la “urgente” convocatoria de un Consejo Permanente del organismo, en el situación del artículo 20 de la Carta Democrática.

Por su parte, el Sección de Estado de EE.UU. difundió un mensaje en el que “condena” la audacia del TSJ y le pide al gobierno de Venezuela que “permita a la Asamblea Franquista democráticamente elegida desempeñar sus funciones, celebrar elecciones lo antiguamente posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos”.

Con esta audacia, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Probidad asume las competencias del Parlamento venezolano.

En la concurso, se compara el episodio con el “fujimorazo”, como se conoce a la disolución del parlamento de 1992 por el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, quien, a partir de allí, gobernó con mano dura.

Pero el TSJ ya consideraba nulas las actuaciones del Parlamento desde poco a posteriori de que la concurso ganara las elecciones de diciembre de 2015 y tomó el control del víscera por primera vez desde que en 1999 Hugo Chávez llegó al poder.

Según el TSJ, la Asamblea se encuentra en “desacato”.

Pero, según denuncian diputados opositores, esta es la primera vez que el más suspensión tribunal de Venezuela se atribuye la capacidad de hacer las leyes, no sólo pararlas.

“Ésta no es una sentencia más, es una sentencia que marca un punto de no retorno de la dictadura que requiere iniciar un nuevo proceso de movilización y resistor para contraponer esta arremetida”, dijo Freddy Guevara, diputado de Voluntad Popular.

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Sin requisa, el analista Luis Vicente Bravo, presidente de la encuestadora Datanálisis, considera que el sentencia de la Sala Constitucional no afecta en nulo el ya diezmado poder que ha tenido el Parlamento venezolano desde su instalación en enero de 2016.

“Desde hace mucho rato, la Asamblea no ha tenido poder vivo para cumplir sus funciones. Sus competencias han sido completamente tomadas por el Tribunal. Se prostitución de una entusiasmo de facto que evolucionó a una entusiasmo explícita, donde el TSJ se evita la molestia de tomar decisiones individuales y asume todas las funciones directamente”, opina.

“No pasa nulo en términos empíricos, sino simbólicos”, agrega el analista.

La situación de desacato fue dictada por el propio TSJ tras la audacia de la Asamblea de incorporar, en agosto de 2016, a tres diputados del estado de Amazonas, cuya selección había sido impugnada poco a posteriori de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.

Los legisladores indígenas Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana fueron electos en unos comicios en los que la concurso obtuvo mayoría en la Asamblea tras más de una término dominada por el oficialismo.

Pero el oficialismo impugnó la selección de estos tres diputados por considerar que hubo fraude y las autoridades pertinentes comenzaron a investigar.

Con esos tres diputados la concurso lograba tener lo que se conoce como supermayoría en la Asamblea, lo que le habría permitido reestructurar al propio TSJ o hasta convocar a un referendo revocatorio.

Pero en enero de 2016, el TSJ de Venezuela declaró como carente de “validez, existencia y competencia jurídica” la juramentación de los tres diputados de la concurso y su incorporación al parlamento por considerarla una “violación evidente del orden notorio constitucional”.

Actualmente los tres diputados no están ejerciendo funciones por audacia de la propia Asamblea.

Sin requisa, el TSJ sigue manteniendo su posición, lo cual ha llevado a la coalición opositora Mesa de la Mecanismo Democrática (MUD) a revelar al mayor tribunal de cercenar el parlamento para agraciar al gobierno.

Desde hace meses el TSJ ha considerado que todas las decisiones de la AN son nulas.

La sentencia es una respuesta a un “expediente de interpretación” de la Corporación Venezolana del Petróleo, filial de PDVSA, interpuesto el pasado 28 de marzo.

El expediente buscaba respuesta a cómo interpretar la norma constitucional que atribuye a la AN la formación de empresas mixtas (del Estado en asociación con el sector privado) siendo que el Constitucional está en “desacato”.

El TSJ recuerda que, como ya estableció en enero de 2016, la situación de desacato “incapacita al Poder Constitucional para practicar sus atribuciones constitucionales de control político de papeleo”.

Y el mayor tribunal venezolano apela al artículo 336.7 de la Constitución para fallar que existe “omisión inconstitucional parlamentaria” es asegurar, que el diputado “ha dejado de dictar las normas o medidas indispensables para respaldar el cumplimiento de la Constitución”.

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Ese artículo le atribuye al TSJ la competencia para establecer “lineamientos de corrección” en el caso de omisión inconstitucional parlamentaria.

Y es en ese sentido que resuelve, encima de atribuir al gobierno la competencia para la creación de empresas mixtas, divulgar la polémica advertencia de que se ocupará de respaldar que las competencias parlamentarias sean asumidas por la Sala Constitucional.

El diputado Julio Borges, cuya condición de presidente de la AN siquiera reconoce el TSJ, anunció que desconocen esta sentencia.

“Esta Asamblea Franquista desconoce al TSJ, ellos se escogieron a ellos mismos, a nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos”, enfatizó.

“Es la primera vez que estas sentencias le otorgan todo el poder a Nicolás Sensato para hacer las leyes que le dé la apetencia, para dar los contratos que le da la apetencia y para mpeñar al país como le dé la apetencia (…) es un desgracia de Estado con todas sus cultura, es una dictadura”, fustigó Borges.

Borges afirmó que los diputados seguirán ejerciendo sus funciones y anunció que convocarán a movilizaciones de calle a realizarse el sábado y la próxima semana.

Analistas políticos consultados por BBC Mundo coinciden en que la concurso tiene escaso ganancia de maniobra política para contraponer el sentencia: repudiar la audacia frente a el Poder Legislativo es tanto un supuesto torpe como una derrota garantizada; y apelar por la protesta de calle es difícil, toda vez que la popularidad de sus líderes está menguada.

“Y la capacidad de la comunidad internacional para dar una respuesta efectiva a esta situación es muy limitada”, considera el analista político Guillermo Tell Aveledo, profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas.

“El impacto de las sanciones de la OEA es leve. Esas medidas solo agravarían la situación interna en Venezuela, que vive en aventura de default e insolvencia fiscal. Ello no genera un sorpresa específico sobre un Gobierno que aún tiene el comodín de las ganancias por la liquidación del petróleo”, explica el profesor.

Delante lo nuevo de la audacia y en un contexto en el que desde hace meses cualquier entusiasmo de la Asamblea es anulada, las consecuencias en el plano concreto son inciertas, más allá del llamado disidente a protestar en la calle y la “preocupación” expresada por países como México.

Según la agencia de parte Reuters, la medida del TSJ puede asistir a ser una buena anuncio para algunas compañías petroleras extranjeras que temían retrasos en sus proyectos frente a una advertencia previa de la concurso de que los acuerdos de inversión que no pasarían por el congreso ni serían válidos.

En medio de una profunda crisis económica, Venezuela escudriñamiento edificar fondos para respaldar su pesada deuda externa y una de las vías es la liquidación de su parte en diversos yacimientos.

La estatal petrolera PDVSA ofreció recientemente a la rusa Rosneft una billete en la empresa conjunta Petropiar, señala Reuters.

De hecho, la primera medida del TSJ con esta nueva autoatribuida potestad fue autorizar al presidente Nicolás Sensato a crear empresas mixtas en el campo de acción petrolera sin tener que acaecer por la AN como exigía la reglamento.

Tell Aveledo subraya que el gobierno logró el control y directo de las operaciones del crédito notorio, sin carencia de someter créditos internacionales, por ejemplo, a la auditoría y aprobación del Parlamento venezolano.

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“Este control financiero es la competencia que más deseaba el gobierno del Parlamento, anulando definitivamente a la AN sin carencia de hacerlo con tanques y confrontación en la calle”, opina.

Habrá que ver si es la intención del gobierno tomar la instalación de la AN en el centro de Caracas y si eso pudiera hacer prosperar el nivel del conflicto.

Con reportería adicional de Gustavo Ocando, en Caracas.

Dos días antiguamente de que el Tribunal Supremo de Probidad (TSJ) emitiera el sentencia en el que se abroga oficialmente las funciones legislativas de la Asamblea Franquista (AN), el organismo publicó una sentencia relacionada.

Fue la respuesta a una solicitud de interpretación hecha por el diputado oficialista Héctor Rodríguez acerca de lo que calificó como “la inconstitucionalidad del acto parlamentario (…) sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en Venezuela”.

Lo susodicho es parte de la sentencia publicada el 28 de marzo en el sitio web del tribunal, que está a cargo de interpretar todos los asuntos constitucionales que rigen al país.

Entre los varios aspectos a los que se refiere el texto, destacan los siguientes:

1.-Autoriza al presidente a tomar cualquier entusiasmo que considere necesaria para “conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática”.

Y prosigue:

“Se ordena al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que (…) tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el situación del Estado de Excepción”.

2.- Abre la puerta a la realización de juicios a los parlamentarios conveniente a que la sentencia indica que:

“Los actos cometidos por los diputados de la Asamblea Franquista al aprobar el Acuerdo Sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA (…), se constituyen en delitos tipificados en el Código Penal, específicamente el de Traición a la Nación”.

3.- Asoma la posibilidad de que los legisladores puedan ser sometidos a tribunales militares:

“Delante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Franquista, revisar excepcionalmente la código sustantiva y adjetiva (…) y el Código de Probidad Marcial -pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza marcial”.

Esto ocurriría porque:

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4.- La sentencia desconoce la inmunidad parlamentaria de los diputados de la AN, ya que la misma “sólo ampara (…) los actos desplegados por los diputados en gimnasia de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación coetáneo de desacato en la que se encuentra la Asamblea Franquista) y, por ende, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales”.

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