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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha hexaedro la razón a la etarra Inés del Río en su petición contra la doctrina Parot y ha fallado este lunes que la interpretación jurídica para dilatar la estancia en prisión de la etarra vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

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Un portavoz del tribunal ha recordado que la sentencia es vinculante, que sienta derecho y que España se comprometió a acatar los fallos. Por otra parte, ha precisado que la resolución no entra a valorar otros casos, pero sí ha querido destacar, como sinopsis de la sentencia, que lo que dicta es que la aplicación retroactiva de la doctrina para perseverar en la mazmorra a del Río supuso una “detención no regular”.

En este sentido se ha pronunciado el ministro de Neutralidad, Alberto Ruiz-Gallardón que ha insistido en que la sentencia es un falta sobre la etarra Inés del Río y no una doctrina universal. Pese a que el sentido de la resolución era previsible (hexaedro que la sala pequeña del tribunal ya adelantó su consideración), el Gobierno ha endosado a los tribunales la aplicación de la derecho dictada hoy por Estrasburgo.

Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández, ha hecho hincapié en las consecuencias de la sentencia Parot para el proceso de paz pero insistiendo en que “ETA ha sido derrotada y ETA no volverá”.

Pese a todo, las asociaciones de víctimas del terrorismo ya han anunciado que se movilizarán “con todos los medios” que tengan a su inteligencia si el Gobierno acata la sentencia de Estrasburgo. “La paciencia tiene un remate”, ha público Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo,la estructura mayoritaria. Mientras, los grupos políticos de la izquierda abertzale han entendido la derogación de la `doctrina Parot’  como “el principio del fin de la política penitenciaria de excepción”, cuyo “tapia” se “empieza a resquebrajar”.

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“Acatamos la sentencia del caso Parot, pero lamentamos el dolor que este falta puede producir en víctimas y familiares”, ha afirmado el secretario de Estructura del PSOE, Óscar López.

Por unanimidad, los 17 magistrados de la sala del tribunal de Estrasburgo, presidida por Dean Spielmann, consideran que las resoluciones de los tribunales españoles vulneran el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a la autogobierno y a la igualdad). El tribunal de Estrasburgo confirma así que la derecho del Tribunal Supremo se aplicó de forma retroactiva y la Constitución española, en su artículo 9, prohíbe la retroactividad de las normas y, tal como ha sentenciado Estrasburgo, la doctrina Parot atenta claramente contra ella. 

“El tribunal estima que la demandante no podía prever que el Tribunal Supremo modificaría su derecho en febrero de 2005 ni que tal modificación le sería aplicada y supondría postergar en casi nueve abriles la aniversario de su puesta en autogobierno, del 2 de julio de 2008 al 27 de julio de 2017. Por lo tanto, la demandante ha cumplido una pena de prisión superior a la que tendría que acontecer cumplido según el sistema judicial gachupin en vigor en el momento de su condena. Por consiguiente, corresponde a las autoridades españolas avalar su puesta en liberta en el plazo más breve posible”, señala la sentencia leída hoy en Estrasburgo.

15 de los 17 magistrados han decretado que la permanencia de la etarra Inés del Río en prisión vulneró el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (no hay castigo sin ley) y confirma así la teoría de la Sala Pequeña que afirmó que “la reglamento española era lo asaz precisa como para permitirle comprender el inteligencia de la condena y su modalidad de ejecución” y, sin secuestro, “no podía acontecer previsto que el método para calcular la redención de pena sería objeto de un cambio de derecho”, como hizo el Supremo en 2006. “La aplicación de la doctrina Parot a la situación de la Sra. Del Río Prada ha privado de propósito útil a las redenciones de pena a las que en principio tenía derecho”, indica el tribunal.

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Por todo ello, 16 de los 17 magistrados de Estrasburgo han regular su puesta en autogobierno de forma inmediata y el cuota de una indemnización de 30.000 euros.

La doctrina Parot consiste en aplicar los beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas al recluso y no sobre el mayor permitido permitido que, en el caso de Inés Del Río era de 30 abriles de mazmorra.

La Sala Pequeña del Tribunal de Estrasburgo ya decidió en julio de 2012 que la doctrina Parot vulnera dos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 5 (derecho a la autogobierno y la seguridad) y el artículo 7 (no hay castigo sin ley). Aquella resolución condenaba, encima, a España a abonar 30.000 euros a la etarra e instaba a su puesta en autogobierno “a la viejo brevedad posible”. La sentencia, adoptaba por unanimidad, no se ejecutó porque el Gobierno recurrió delante la Gran Sala, que es la que ha sentenciado hoy en el mismo sentido.

El Tribunal Supremo dio un modismo en 2006 para evitar la excarcelación del considerado el terrorista de ETA más sanguinario, Henri Parot, que había conseguido sujetar su pena de 30 a 20 abriles de mazmorra, pese a estar condenado a 4.700 abriles por 33 asesinatos cometidos entre 1978 y 1990.

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Esta norma se aplica solo a los presos condenados antiguamente de 1995, cuando fue reformado el Código Penal. Con la modificación del código en 2003, el remate efectivo de cumplimiento de la pena fue elevado hasta los 40 abriles y la posibilidad de redimirla por trabajo fue suprimida. Numerosos juristas y afectados consideran que vulnera los derechos fundamentales de los reos, al aplicar el principio de irretroactividad: la pena cumplida acaba siendo superior a la actual en el momento en que se cometió el delito.

Inés del Río, condenada a más de 3.000 abriles por su décimo en el Comando Madrid, fue la primera etarra que recurrió la doctrina Parot delante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya le dio la razón en julio de 2012. Estrasburgo indicó a España que debía poner en autogobierno a Del Río en el plazo más breve posible porque había violado varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y le otorgara a la etarra una indemnización de 30.000 euros por daños morales y 1.500 euros más por los gastos del proceso. El Gobierno recurrió entonces la sentencia, que no ha sido resuelta hasta hoy, esta vez, de forma inapelable.

Desde 2006, la doctrina se ha trabajador a más de 60 reclusos, en su viejo parte terroristas de ETA con múltiples condenas, encima de a algunos asesinos y violadores. Y el Constitucional ha admitido a trámite 58 fortuna de presos etarras contra la aplicación de la doctrina Parot, a los que se suman otros cuatro de presos comunes. Si el Constitucional decidiera estimar todos o algunos de estos fortuna, algunos saldrían de prisión de inmediato, y en otros casos se reducirían sensiblemente las condenas.

Fernando de Luis Astarloa, por ejemplo, condenado a 100 abriles de mazmorra por su décimo en dos asesinatos y en varios atentados con explosivos, ya estaría desenvuelto. El preso, disidente de ETA que ha cogido el tercer categoría penitenciario y puede salir de la mazmorra a diario, habría liquidado su condena en 2007. Andoni Ascenso, incluso internamente del congregación de reclusos que han rechazado la violencia, habría nacido en 2006. Ese mismo año habría conseguido la autogobierno incluso Domingo Troitiño, detenido en 1987 y condenado a más de 900 abriles de pena de prisión —entre otras causas, por la matanza de Hipercor en 1987—. La aplicación de la Parot lo dejó entre rejas hasta 2017.

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